A 40 días ( 30 de septiembre) de que un grupo de periodistas, entre ellos el Sindicato de Redactores de la Prensa, el Sindicato de La Jornada, y periodistas solidarios como Rogelio Hernández López, Julio Hernández, Nelly Olivos entre otros y después de un breve mitin a las afueras de la PGR, entregaron una carta al Fiscal Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas, solicitando una audiencia con el Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez, para conocer las acciones y compromisos que asumiría para acabar con la impunidad contra periodistas, la respuesta ha sido el silencio o peor aún la indiferencia.

Desde entonces a la fecha dos periodistas han sido asesinados, Norberto Miranda Madrid, Radio Visión en Nuevo Casas Grandes Chihuahua y Vladimir Antuna del periódico Tiempo de Durango. Mientras varios periodistas más han sido amenazados y hostigados en el ejercicio de su trabajo informativo. Uno de estos casos es el de la periodista Gabriela Gallegos Ávila, directora de la revista Contralíneas y del portal de internet de la Agencia de Noticias y Publicidad, Yáncuic, que el viernes pasado fue asaltado su domicilio. Queda claro para los periodistas, que en este país las amenazas deben tomarse en serio y no como algo normal en el ejercicio periodistico como dicen algunos directivos.

A 40 días de esta petición y donde el fiscal Octavio Orellana, se comprometió formalmente a trasmitir esta petición al Procurador y a informar sobre la repuesta que esa instancia dio a la recomendación 17/09 de la CNDH sobre agravios a comunicadores, ningunas de estas promesas han sido cumplidas.

Cuántos periodistas más deben ser asesinados, desaparecidos y amenazados para que la PGR escuche y deje de ser indiferente ante este reclamo. Es indudable que la SIP tiene razón en su declaración de Buenos Aires, falta mayor voluntad del gobierno federal para resolver los asesinatos y desapariciones de periodistas.

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