Mucho se me ha preguntado sobre mi postura en Honduras, y siempre he antepuesto al derecho como forma de solución aunque a los más radicales eso no agrada pues supone la inclusión del presidente abruptamente depuesto Manuel Zelaya.

De junio a la fecha el acuerdo San José donde el presidente de esa nación y premio Nobel de la Paz Oscar Arias, sirviera de mediador para acabar con el conflicto entre el gobierno de facto, señalado por muchos como golpista, de Roberto Micheletti y el del ex presidente Manuel Zelaya arrancado del poder durante la madrugada y exiliado a Costa Rica en un avión el mismo día, parece no agradar a todos los involucrados, por lo que alguien tiene que ceder y esta vez le toca a Zelaya.

Todos estos meses han habido situaciones de riesgo y tremenda tensión para los ciudadanos en Honduras por el estire y afloje de unos y otros, desde la amenaza y concreción de Zelaya de volver a su terruño confrontando a sus seguidores y al actual gobierno, hasta la postura de Micheletti de a ratos suspender garantías como la libertad de tránsito que implica un toque de queda.

Correspondió siempre resolver al Congreso sobre la destitución de Zelaya de su encomienda constitucional por desacato al mandato popular y pretender la reelección mediante una consulta nacional, pues era y es el Congreso en este caso quien siempre debió representar al pueblo en el interés común mediante el debido proceso conforme a derecho, y pues bien, ahora que el gobierno golpista y el Congreso asumen esta responsabilidad, hay que decirlo por presiones de Estados Unidos, y Micheletti ha mostrado voluntad para que sea el Congreso que siga el acuerdo Tegucigalpa-San José y se restaure de una buena vez el orden democrático y la paz social, es Manuel Zelaya quien no cede.

Mel como le llaman sus seguidores, o Zelaya, culpa a Estados Unidos por el fin del diálogo, y mediante misiva enviada a Barack Obama señala que no reconocerá ningún nuevo pacto pues con ello legitima al golpe de estado. En su interpretación del acuerdo Tegucigalpa-San José, el orden democrático y la paz social, implicaba su restitución, y que ahora se pretende en una interpretación unilateral que EU reconocerá las elecciones del próximo 29 de noviembre con o si su restitución, situación que no acepta.

El hecho es que para que estas elecciones cuenten con la aceptación interna e internacional, debe observarse conforme al acuerdo Tegucigalpa-San José la postura del Congreso en cuanto a la restitución o no de Zelaya, y la conformación un Gobierno de unidad nacional que debía haberse configurado el pasado 5 de noviembre con miembros tanto por parte del gobierno de facto como de parte de Zelaya, quien no ha provisto de nombres de parte de su equipo para esta iniciativa.

Al final del día, alguien tiene que ceder para reconstrucción del régimen constitucional en Honduras, y quien tiene la última palabra más allá de la voluntad personal de los personajes en conflicto, es el Congreso, debe prevalecer el interés nacional sobre el personal.

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