Apoyando los fundamentos del Periodista Alejandro Páez Varela, me permito exponer mis propias razones, complementarias a las suyas, para decir NO a la reforma energética: No importan los mecanismos jurídicos (como el plebiscito, el referéndum o las encuestas –que no son figuras válidas, jurídicamente hablando- entre otras) que se lleven a cabo por parte del Gobierno Federal y el Poder Legislativo para tratar de legitimar un acto jurídico que a todas luces es inconstitucional: la reforma energética que está a punto de ocurrir es, por donde se le quiera ver, un acto violatorio de los preceptos constitucionales vertidos en los artículos 26, 27, 28 y 39, principalmente, y que versan en la Rectoría del Estado sobre los temas de hidrocarburos, energéticos, y otros tópicos por medio de los cuales se deja en claro la intención del Constituyente de no permitir que el Estado Mexicano vuelva a quedar en manos de países extranjeros; así como de la Soberanía de la Nación, que detenta, en teoría, el pueblo. Yo lo único que espero, es que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación vea en su escritorio las demandas en contra de esta reforma energética que muy probablemente se interpondrán para hacer valer la figura jurídica de la Acción de Inconstitucionalidad, prevista en el artículo 105 fracción II de la Constitución Política Mexicana, haga lo conducente: regresar las cosas a su lugar y remitir, en todo caso, las posibles acciones que se hayan iniciado tras la aprobación de dicha reforma, una vez que la Suprema Corte haya promulgado su sentencia en contra. Después de todo, esa es su misión principal como uno de los Tres Poderes de la Unión (ver el artículo 41 constitucional): ejercer correctamente el Control Difuso, mejor conocido como Control Constitucional, que se supone fue instaurado, allá por 1995, para mostrar el avance de nuestro sistema jurídico vigente, y cuya génesis atiende al mantenimiento del equilibrio entre los Tres Poderes del Estado, en beneficio de sus habitantes.

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